(La Nación) Luego de la extensa controversia entre el gobierno nacional, apurado por traspasar ya mismo el control del subte, y el de la Capital, plantado en el pedido de un plazo más largo, finalmente la Casa Rosada y Mauricio Macri llegaron anteayer a un acuerdo: mañana firmarán la transferencia del servicio , tras lo cual comenzará un período de transición de 90 días para ajustar cuestiones administrativas.
Entre ellas, dos esenciales. Primero, la confección de un contrato entre el gobierno porteño y la concesionaria Metrovías por las líneas A, B, C, D y E de subte y el Premetro (en la actualidad el vínculo contractual es con la Nación y también incluye el ferrocarril Urquiza), de modo que la Ciudad ratifique su jurisdicción sobre estas prestaciones que utilizan 1,2 millones de pasajeros por día hábil.
Segundo, el análisis de un aumento de las tarifas, ya que la Casa Rosada aceptó hacerse cargo sólo del 50% del subsidio existente. Y como el gobierno de Macri no tiene presupuesto para financiar la otra mitad, los recursos provendrían de un aumento del precio del boleto, hoy de 1,10 pesos. Según fuentes del sector, para que el servicio no sea deficitario el pasaje debería costar 2,70 pesos. Según explicó ayer a LA NACION el ministro de Desarrollo Urbano porteño, Daniel Chain, el último día de 2010, "gracias a un trabajo muy civilizado" entre ambas partes, se logró redactar un borrador con los principales puntos del acuerdo, que será refrendado mañana por representantes de los gobiernos. Probablemente, él y el secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi.
Ese borrador establece que, a partir de la rúbrica del acta, la Ciudad comenzará a ejercer el control y tendrá la potestad tarifaria del servicio. Pese a la incertidumbre generalizada, Chain aseguró que la existencia de un contrato vigente con el gobierno nacional y no con el Poder Ejecutivo local no constituye impedimento para que las autoridades porteñas empiecen a fiscalizar a Metrovías, que hasta el momento no fue convocada a ninguna reunión por el traspaso.
"Los Estados tenemos derecho a decidir qué organismo ejecuta un contrato o controla su cumplimiento. En este caso, el Estado nacional delega en el Estado porteño esas facultades. Si hasta podemos encargarle la función a un privado, Metrovías no debería poner objeciones al traspaso de las potestades al gobierno porteño", describió.
En palabras de Chain, el otro punto reflejado en el borrador fue la apertura de un período de 90 días para la "formalización de las cuestiones administrativas".
El mismo concepto apareció en la gacetilla que, como toda información sobre el traspaso, envió la Secretaría de Transporte a la prensa; los voceros del organismo aclararon que Schiavi y su equipo no brindarían más datos hasta mañana, una vez rubricado el acuerdo.
No obstante, se ocuparon de despejar una versión que circuló en la víspera por algunos medios: negaron que haya existido una "imposición" de la Casa Rosada y sostuvieron que fue "un acuerdo con el consenso de las dos partes involucradas, gracias a un trabajo fino realizado por abajo", mientras públicamente había cruce de acusaciones entre funcionarios de uno y otro sector.
Los contrapuntos fueron protagonizados durante toda la semana por Schiavi, Macri y los ministros porteños de Hacienda, Néstor Grindetti, y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete. Incluyeron incluso a la presidenta Cristina Fernández, que solicitó "un esfuercito" al jefe de gobierno para la aceptación del subte .
Si bien, como se dijo, desde la Ciudad el ministro Chain se expresó en el mismo sentido con relación a que hubo un "trabajo muy civilizado", otros funcionarios porteños que participaron de las conversaciones deslizaron que, aunque no se registraron presiones, de alguna manera el Poder Ejecutivo porteño aceptó avanzar ahora para dejar conforme al gobierno nacional -más exactamente a la Presidenta-, que había fijado como fecha para el traspaso el 2 de enero.
En rigor, la primera fecha estipulada por el gobierno nacional había sido el 1° de diciembre. Como se recordará, así lo explicaron el ministro de Planificación, Julio De Vido, y su entonces par de Economía, Amado Boudou, en una conferencia de prensa en la que anunciaron la quita de subsidios a los servicios públicos, entre ellos el subte.
Macri rechazó de plano la posibilidad, no sólo porque se trataba de una fecha muy inminente, sino por la escasa probabilidad de que la Ciudad pudiera solventar los 700 millones de pesos anuales que recibe Metrovías para mantener congelada la tarifa de subtes.
Cuando la Casa Rosada rechazó el posterior planteo del Ejecutivo porteño de que la Nación siguiera pagando el 50% de los subsidios hasta 2017, desde el gobierno porteño se planteó que, sin subsidio, el boleto podría llegar a costar 3,70 pesos.
Las próximas semanas serán claves en ese sentido