El caso de Vanesa Berkowski

Vanesa Berkowski, ex funcionaria del gobierno macrista deberá pagar 350 mil pesos para no ir a prisión.
Así lo determinó el 17 de Agosto el juez de instrucción en lo criminal Juan Ramos Padilla concediendo la exención de prisión a la ex directora general de Fiscalización y Control de la Ciudad de Buenos Aires, Vanesa Berkowski, en el marco de la causa que investiga supuestos sobornos para la habilitación de boliches.
La ex funcionaria fue designada en su cargo, en la primera resolución de Federico Young cuando asumió la Agencia Gubernamental de Control, aunque ella ya era parte del Gobierno de la Ciudad y lo demuestra el juicio por Cromañón.
Berkowski declaró en su momento ante la justicia en calidad de testigo que la ex funcionaria Ana María Fernández, directora general adjunta de Fiscalización y Control, intentó obtener documentación referente al funcionamiento de los boliches porteños cuatro días después de la tragedia. Ello ocurrió a fines del 2004 y principios de 2005.
Vale recordar, que Vanesa Berkowski renunció a su cargo al tomar conocimiento de la existencia de escuchas telefónicas en las que se expondría la existencia de pedidos de coimas para la habilitación de boliches y/o favorecer a dichos locales a la hora de la realización de controles.
Los casos de irregularidades en la Agencia Gubernamental de Control
fueron descriptos por el periodista Walter Goobar, en Buenois Aires Económico el 15 de Setiembre del año pasado.
Goobar dijo que " el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza y el del boliche Beara de Palermo han desnudado los peores vicios de la gestión macrista: locales de baile clandestinos, prostíbulos que simulan ser bares o whiskerías, hoteles que funcionan como albergues transitorios, inspecciones deficientes y denuncias cajoneadas no son simples errores administrativos sino que forman parte de un modelo de gestión. Todo el sistema de fiscalizaciones, controles, designaciones, son una suerte de reparto entre amigos políticos, personales y familiares, donde se forman cajas negras de recaudación. En los últimos dos años, hubo más de veinte casos de inspectores porteños denunciados por solicitar dinero a comerciantes a cambio de alguna contraprestación ilegal.
Y en tan sólo quince meses, en la Ciudad se registraron seis derrumbes de viviendas, locales comerciales y obras en construcción.
Hasta que se produjo el derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza que se cobró tres vidas, el titular de la Agencia Gubernamental de Control era Oscar Ríos, un funcionario sin título profesional, cuyo único antecedente había sido manejar la agrupación del jefe de Gobierno en Boca Juniors.
En mayo del 2010 –antes de que ocurrieran los dos derrumbes– los propios trabajadores de la agencia de control porteña denunciaban pago de “retornos” para habilitar recitales en bares de la Ciudad. Allí se señalaron como responsables a Martín Farrell, director general de Habilitaciones y Permisos, y a Vanesa Berkowski, directora general de Fiscalización y Control. En junio 2010 hubo un allanamiento a la dirección a cargo de Farrell por una denuncia que presentó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad por la habilitación irregular de una estación de servicio en San Telmo.
Posteiormente y por otra cuestión, Macri relevó a Ríos y designó a Javier Ibáñez, un ingeniero que trabajó en el Grupo Techint que se desempeñaba como jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico bajo el mando de Francisco Cabrera. Antes de Ibáñez y Ríos ya habían pasado por el mismo cargo Pablo Bourlot y el ladero de Cecilia Pando, Federico Young.
La Agencia Gubernamental de Control es uno de los más complejos y oscuros organismos del Gobierno porteño en el que anida una red de corrupción estructural. Para realizar shows en vivo, los propietarios de los bares y boliches porteños necesitan el visto bueno de Farrell, un funcionario cercano al ex jefe de Gabinete del Ministerio de Espacio Público, Fabián Rodríguez Simón, abogado que suma cada vez más influencia en el gobierno macrista. El circuito se completa con Berkowski.
Ante las reiteradas violaciones a las habilitaciones que realizaban los dueños de Beara, en agosto del 2009 Berkowski recomendó a Farrell la clausura definitiva del ahora derrumbado local de Scalabrini Ortiz. Sin embargo, en lugar de ser sancionado, el boliche consiguió la habilitación definitiva con lo que –indirectamente–, se selló la suerte de Ariana Lizarraga y Leticia Provedo, las dos chicas que murieron en el derrumbe. Por otra parte, ninguna de estas irregularidades reiteradas aparecen mencionadas en la página web “Salí Seguro” del Gobierno de la Ciudad.
Vanesa Berkowski, que en este caso procedió correctamente, es una radical que ingresó en el Gobierno porteño de la mano de la diputada Silvana Giudici, que con la llegada de PRO al poder se sumó rápidamente a Recrear, y luego se proclamó cercana al ministro de Educación, Esteban Bullrich.
Basta analizar la actuación de los funcionarios de la Agencia de Control en los casos vinculados a la prostitución, para caer en la cuenta de que el levantamiento de las dos clausuras a Beara no es una excepción ni un hecho fortuito. Todo lo contrario. El periodista Lucas Schaerer reveló en el portal Noticias Urbanas que Berkowski utiliza el cuerpo de inspectores para perseguir a los que denuncian locales donde se ejerce la prostitución y el tráfico de personas: “Berkowski nos mandó una inspección al otro día de que con tres diputados nacionales, entre ellos una macrista, y la Defensoría del Pueblo, le presentamos los datos de veintisiete prostíbulos donde además se comercializan drogas bajo la habilitación de bares o whiskerías", afirma Gustavo Vera, referente de La Alameda, una ONG que trabaja para erradicar la esclavitud en los talleres textiles y la explotación sexual.
Al igual que lo ocurrido con el boliche Beara, el prostíbulo ubicado en Brasil 1347 e inspeccionado dieciséis veces, tuvo dos clausuras y las mismas fueron levantadas por los controladores que están bajo el mando del dúo Farrell-Berkowski. Una peluquería, que funciona como bar, en Santiago del Estero 1447, fue clausurada el año anterior pero siguió funcionando gracias al controlador Nº 65. Corralito Pub, famoso prostíbulo cercano al Departamento Central de la Policía Federal, que fue allanado por Gendarmería, fue beneficiado con el levantamiento de clausura por el controlador Nº 72. La lista es interminable y desmiente los argumentos esgrimidos por el macrismo en el caso de los derrumbes.