Covid una entrada a las estafas
médicos a proveedores poco conocidos, paga por adelantado y, después de una larga espera, los productos no aparecen. El dinero tampoco; a pesar de las distintas vías de reclamo que suelen abrirse. Esta vez le pasó al gobierno porteño: la Ciudad le exige a un intermediario radicado en Singapur que le devuelva $18 millones (US$ 255.000) por una compra directa de test rápidos para coronavirus que nunca llegaron.
El Ministerio de Salud de la ciudad desembolsó a fines de marzo US$ 1.770.000 para la compra de 182.000 test serológicos a la firma HN Singapur Pte Ltd. La contratación, que por la emergencia sanitaria evitó la licitación pública, era para abastecerse de kits de la marca china Wondfo para testear al personal médico, trabajadores de geriátricos y otras áreas del gobierno porteño, quienes conforman la primera línea frente al coronavirus.
Según La Nación, las autoridades porteñas hicieron todo el pago por adelantado a través de una transferencia internacional del Banco Ciudad. Pero en el medio, la empresa cambió las condiciones: avisó que por disposición del gobierno chino, los test (que se fabrican en ese país) ya no serían los mismos, sino otros empaquetados «en inglés» y disponibles para la exportación según la normativa de ese país. El problema era que el cambio de producto conllevaba un aumento de precio del 75% sobre cada unidad: pasó de costar US$5,9 a US$9,7.
El gobierno porteño aceptó la modificación de precio del intermediario de Singapur y explicó que necesitaba los test ante la emergencia sanitaria, según consta en el Boletín Oficial. Ante estos cambios y para no aumentar la cantidad total de dinero a pagar, desde el Ministerio de Salud decidieron comprar una menor cantidad de test. Ya no serían los 300.000 inicial, sino que la adquisición fue de los 182.000 que, finalmente, debían llegar el pasado 22 de mayo.
Pero nunca llegaron. Ante las demoras, las autoridades reclamaron y, luego, decidieron cancelar definitivamente la compra: recuperaron el 85% de lo pagado -según fuentes oficiales- y entraron en una negociación con el intermediario de Singapur para que le devuelvan el 15% restante. Es decir, unos $18 millones, según su equivalente en pesos al cambio oficial. Pero el intermediario se niega a devolver ese dinero al considerarlos «gastos no reembolsables» de la operación.
«Ante el incumplimiento de los tiempos acordados para la entrega, el Ministerio de Salud tomó la decisión de rescindir el contrato por la suma de US$ 1.770.000 y solicitar el reembolso total del dinero. Como consecuencia, el gobierno ya recibió el 85% del costo abonado», aseguraron desde el Ministerio de Salud porteño. «Además, se está llevando adelante un reclamo para recibir el 15% restante que la empresa alega como gastos ‘no reembolsables’, algo que no se encontraba debidamente detallado en su oferta inicial», agregaron.
Desde el Gobierno porteño adelantaron que, en caso de no llegar a un acuerdo con la sociedad intermediaria, se evaluarán los pasos a seguir, aunque la complejidad de llevar a tribunales a una empresa de Singapur -aseguran las fuentes oficiales- no sería la forma más efectiva de recuperar el dinero.
La contratación directa había sido objetada por la oposición apenas se hizo pública: diputados kirchneristas pidieron explicaciones en la Legislatura y hasta se presentó una denuncia penal para investigar posibles irregularidades en la compra. El diputado Juan Manuel Valdez reclamó que el gobierno porteño que dijera por qué se compraron test a una empresa «que no tiene web oficial ni tiene claro su domicilio fiscal».
Según los registros públicos de Singapur, HN Singapore Pte Ltd tiene todas las características de una sociedad de papel: fue creada hace tres años en ese país, tiene un capital mínimo y no está claro a qué se dedica: su actividad declarada ante las autoridades de ese país es el «comercio al por mayor de una variedad de productos, sin ninguno dominante».
La contratación fue firmada por el entonces subsecretario de Administración del Sistema de Salud, Nicolás Montovio, uno de los funcionarios que fue echado del gobierno porteño cuando se hicieron públicos los escándalos por la compra de barbijos a $3000 y la contratación de una empresa de la que participaban la hermana de Horacio Rodríguez Larreta y la funcionaria Agustina Olivero Majdalani para hospedar a enfermos de coronavirus en un hotel que ellas administraban.
El problema con el intermediario de Singapur es apenas uno de varios inconvenientes que tuvo el Estado para contratar insumos médicos en medio de la pandemia. La provincia de Buenos Aires denunció una estafa de un proveedor local que había cobrado $124 millones por respiradores artificiales y nunca los entregó. Ese mismo intermediario ya había sido detenido días atrás por la Justicia después de haber hecho una operación similar con el gobierno porteño.
