Larreta no va
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respondió por carta a la invitación que le hicieron funcionarios nacionales para que concurriera el lunes a una reunión para discutir el tema de la coparticipación. La carta la enviaron la semana pasada al Gobierno porteño los ministros Eduardo De Pedro (Interior) y Martín Guzmán (Economía).
Sin embargo, Larreta no irá. Y además, a través de una carta explicó los motivos.
«Me dirijo a Ustedes en respuesta a la convocatoria recibida en el marco de la Ley 27.606 relativa al Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante todo, quiero expresar que nos vemos impedidos de concurrir a la reunión propuesta según lo establecido por el artículo 2° de esta ley ya que hemos planteado judicialmente la inconstitucionalidad de la misma», señaló Rodríguez Larreta en la carta.
Larreta señaló que «desde el primer momento, la Ciudad de Buenos Aires ha impulsado el diálogo y la concertación como mecanismos para lograr consensos».
«Pero consideramos que precisamente en este caso los acuerdos preexistentes fueron dejados de lado de forma unilateral y por lo tanto esta Ley quebranta las bases del federalismo de concertación que pretende promover. Además, la Ley viola manifiestamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ya que la firma del convenio de traspaso de la Policía Federal llevada a cabo en 2016 era suficiente para consolidar la transferencia de facultades y funciones de seguridad sin necesidad de una norma adicional», explica la carta.
Para Larreta y según lo que dice en la carta, «se trata de una Ley que consagra una violación a la división de poderes, a la seguridad jurídica, a la estabilidad de los actos de gobierno, a la buena fe que debe regir las relaciones entre distintos niveles de gobierno y a la confianza legítima; y como consecuencia, se pretende poner de rodillas a la autonomía de la Ciudad».
«Para enmascarar esta intención, a través de un ilusorio convenio posterior se intenta legitimar esta Ley dentro de las exigencias de la Constitución Nacional, que establece como necesario el acuerdo previo de la Ciudad como jurisdicción afectada. Pero esto es sólo una ficción jurídica que pretende ocultar el verdadero propósito de violar la autonomía», explicó el Jefe de Gobierno.
Y además agrega en la misiva: «la Ley parte de una premisa errónea que distorsiona cualquier cálculo posible, porque establece que se debe tomar como base de cálculo los componentes efectivos en el año 2016, cuando el convenio firmado ese año aclaraba que se trataba de un período de transición y que recién en 2017 se consolidaría la transferencia».
«Nos vemos obligados a no convalidar con nuestra presencia la ejecución de una ley que, como hemos planteado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el mismo día en que fue publicada, es inconstitucional y daña a las instituciones democráticas de nuestro país», señala, según informe de NU