Pornografía no consentida: crecimiento mundial
La pornografía no consentida está ganando espacio en las web de todo el mundo, por lo que ya representa un alto nivel de preocupación para las autoridades encargadas de combatir los delitos sexuales.
Trascendió, mediante un informe de Infobae, la situación vivida por un conjunto de mujeres jóvenes de provincia del sur de nuestro país. “Robaron fotos mías, las subieron a una página porno ofreciendo a cambio de dinero datos míos como edad, nombre completo, mi domicilio, lugar de trabajo. El fiscal Andrés Azar, teniendo los IP de las personas que cometieron el acto desestimó mi caso. Así nos cuidan. Usar la imagen de una mujer sí es delito”. De esta manera, completamente indignada, hizo su descargo en las redes sociales una de las 21 chicas de Neuquén que denunció en mayo pasado ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de esa ciudad el robo de imágenes suyas de Instagram que luego fueron usadas en un sitio pornográfico internacional, expedientes que finalmente fueron desestimados por la Justicia al considerar que se trata de un delito civil y no penal.
Todo se dio a conocer cuando comenzaron a circular por las redes sociales alertas sobre una publicación donde había fotos de jóvenes de la zona de Neuquén y algunas de Río Negro en una conocida web para adultos. Según relataron las jóvenes afectadas, cuyas edades oscilan entre los 18 y lo 25 años, las fotos fueron tomadas desde los perfiles de Instagram o Facebook sin ningún tipo de autorización. Los usuarios que subieron las imágenes son nombres de fantasía, así que a priori era imposible establecer quién había sido el autor de la maniobra.
Incluso muchas llegaron a observar que en los comentarios de las fotos muchos llegaron a publicar datos personales de las jóvenes. La exposición fue completa. A partir de ahí fueron muchas las que decidieron elevar el caso ante la Fiscalía de Delitos Sexuales para que se iniciara la investigación. A partir de la viralización de los casos y del estado público y judicial que tomó el caso, la web porno internacional no sólo dio de baja las fotos, sino que le acercó los número de IP de los usuarios que subieron las fotos. Es decir, se pudo haber localizado el lugar físico desde el cual se robó el material.
Pese a esto, la investigación no prosperó como las víctimas deseaban y esta semana, el fiscal les comunicó a las jóvenes perjudicadas por el robo de sus datos que la causa estaba desestimada al no haber una figura en el Código Penal que se pueda aplicar. ”Se desestimaron porque no es delito penal, si constituye un delito civil como una violación a la ley habeas data, de imágenes públicas, pero no pudimos encuadrarla en ningún delito penal”, dijo Azar en diálogo con Infobae.
Uno de los reclamos de las víctimas, a partir de la decisión judicial fue el hecho de que el funcionario decidió no hacer allanamientos a los domicilios donde estaban registrados los números IP. En ese sentido, Azar fue claro: “Al no ser un delito de índole penal, no puedo pedir un allanamiento. Ningún juez me lo va otorgar. De hecho en este caso hicimos la investigación, nos dedicamos al caso pero no hay una figura en la provincia ni a nivel federal. No es ni un caso de grooming (acoso sexual a chicos a través de Internet) porque ninguna es menor de edad y tampoco se trata de un caso de pornoextorsión. Nadie les exige dinero ni hay amenazas. Por supuesto que las jóvenes pueden apelar a una instancia superior”.
En ese sentido, el fiscal admitió que se trata de un caso reprochable desde lo ético y moral, pero reiteró que a su juicio no hay delito penal. “Hicimos las medidas del caso, investigamos pero llegamos a esa conclusión”, lamentó el funcionario. En parte de la resolución, publicada por una de las denunciantes en sus redes sociales, el fiscal reconoce que un derecho de las jóvenes fue vulnerado. Sin embargo, desestimó el caso. “Más allá de que esas imágenes han sido eliminadas del sitio de Internet en el cual fueron publicadas, lo cierto es, y que no tiene ningún tipo de discusión, es que su privacidad fue violentada claramente, con todo el daño que ello podría o pudo ocasionar. Por todo ello se dispone la desestimación de la presente causa”, concluyó en el fallo.
Además de las 21, hay al menos 20 jóvenes más en la región del Alto Valle (Neuquén y Río Grande) que también denunciaron haber sido víctimas. Muchos de estos casos todavía no fueron resueltos y el temor de muchas es que se resuelva en el mismo sentido que en la Fiscalía de Delitos Sexuales. Cipolletti y Catriel, en Río Negro, y la localidad neuquina de Zapala fueron otros de los lugares en donde hubo casos.
“Somos un grupo de mujeres neuquinas preocupadas a partir de una situación que se suscita a partir de la publicación de fotografías robadas desde redes sociales y subidas sin el consentimiento a sitios de pornografía u oferta sexual. Estas fotos fueron sustraídas a aproximadamente unas 40 chicas. A nuestro criterio esta es una forma digital de trata de personas. Es una forma más de violencia de género. El fiscal desestima la causa porque no está tipificada en el Código Penal. Sin embargo, entendemos que podría haber utilizado otra figura que permitiera la investigación y demostrara el interés de la justicia en este hecho”, dijo en un video la médica neuquina Miriam Vicente, precursora de una campaña para reunir firmas y así elevar al Congreso de la Nación “para que se trate la modificación de leyes y normas que penan los delitos de violencia digital”.
El hecho trascendió a la esfera política provincial. De hecho la Legislatura de Neuquén emitió un comunicado en el que repudió lo hecho contras las jóvenes e instó al fiscal Azar a que profundice la investigación. En el texto, el cuerpo legislativo le solicita a la Unidad Fiscal que “agote todas las medidas investigativas a su disposición”. La diputada Nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag, también se hizo eco de la situación e impulsó la campaña para juntar firmas. La legisladora destacó “la necesidad de modificar el Código Penal para poder tipificar delitos de ciberacoso y trata de personas publicando en redes contenidos no autorizados por las víctimas”.
En el descargo de una de las afectadas, que hizo en su cuenta de Twitter, la respuesta fue masiva. Alcanzó más de 34 mil retuits y 137 mil reacciones. Allí pudo canalizar su enojo y aprovechó para pedir la creación de una ley que contemple casos como el que ella sufrió. “No eran nudes (imágenes de desnudos), eran fotos en bikini. Irrelevante. Bajo la excusa de ‘que no hay ninguna ley que pene este delito’ siguen protegiendo a los criminales y permitiendo que seamos las mujeres las silenciadas. Si no hacen justicia los que deberían, exijo justicia social. Y que todos sepan que acá no le importamos a nadie”, lamentó la víctima, quien tampoco se olvidó de elevar sus críticas a Azar.
Las opciones penales y el proyecto de ley
Florencia Zerda es abogada especializada en violencia de género digital. En diálogo con Infobae, la letrada coincidió con el fiscal en un aspecto: hay un vacío legal para estos casos. Sin embargo, explicó que hay alternativas en el Código Penal por las cuales se podrían haber encarado las denuncias. “Sin conocer ninguna de los 21 casos, se podrían haber aplicado los artículos 153 y/o 153 bis, que hacen referencia a la violación de la privacidad y el uso de imágenes sin autorización. También se podría alegar violación de derechos de autor, que también tiene sanción penal. Es decir, si bien hay un vacío legal, hay figuras legales por las cuales se podría encarar”, dijo la abogada, quien incluso destacó que haber obtenido los números IP (como ocurrió en este caso) hubiese servido aún más para avanzar. “Es muy difícil acceder a ellos y en este caso tuvieron esa ventaja”, recalcó.
Asimismo, Zerda recordó la necesidad de que se apruebe el proyecto de ley que impulsa el aumento de penas por la difusión no consentida de imágenes sexuales. Iniciativa que propone modificar los artículos 155 (protección de la intimidad) y 169 (chantaje) del Código Penal, en orden a tipificar y sancionar penalmente la difusión no consentida de contenidos de desnudez, sexual o erótico, incluso si se ha obtenido con consentimiento de la víctima. O también el anteproyecto de modificación del Código, que contempla cambios en este sentido.
El proyecto de ley fue presentado por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdal, y ya tiene media sanción en la Cámara Alta. De acuerdo con la legisladora de Santiago del Estero, la iniciativa surgió a partir de la cantidad de casos a nivel mundial y local del robo de imágenes para ser explotadas pornográficamente. “En los últimos años hay un fenómeno mundial creciente, y de la que la Argentina no está al margen, denominado “pornografía no consentida”, y se refiere a la difusión de imágenes y videos íntimos por medios electrónicos a través de redes sociales o sitios web, con la finalidad de dañar la imagen de una persona, y en algunos casos de modo extorsivo, con el fin de obtener algo a cambio”, reza el proyecto.
En cuanto a la letra chica de la medida, Zerda destacó algunos detalles y criticó otros. Por ejemplo, se propone castigar con pena de multa de hasta $267 mil “la difusión contenidos de desnudez, sexual o erótico incluso si se ha obtenido con consentimiento de la víctima”. Además, la pena se eleva hasta 3 años de prisión, para quien trasgreda la presunta expectativa de intimidad. También se propone castigar con pena de hasta 10 años años de prisión a quien extorsione con difundir contenido fruto de una relación íntima.
En ese sentido, Zerda dijo: “Carece de perspectiva de género. No agrava la pena (como se prevé en otros proyectos y como se ha hecho en otros países) para casos de violencia domestica, sabiendo que la mayor parte de las victimas son violentadas por vínculos sexoafectivos previos y/o o por su género”, dijo la letrada, para quien además el monto de 267.000 “es un chiste”. “En una acción civil podes reclamar montos mas altos y no te sometes a la revictimizacion del proceso penal. Totalmente desproporcionada con la pena de la extorsión y es el “paso previo” a la difusión”, cuestionó.
Finalmente se mostró cauta y a la expectativa de que el proyecto se termine de aprobar, así el vacío legal se llena. “En fin, veremos que pasa, quizás queda en la nada (…). Mientras tanto sigue sin castigo esta conducta que como siempre digo es violencia de genero digital”, concluyó.
