Denuncian irregularidades en ventas de centrales

Denuncian irregularidades en venta de centrales termoeléctricas

La empresa estatal de energía IEASA (ex ENARSA) solicitó ser querellante en una causa abierta por irregularidades en la adjudicación a “precio vil” de las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López durante la gestión de Mauricio Macri.

Según la documentación a la que tuvo acceso Ámbito, el presidente de IEASA, Andrés Cirnigliaro, presentó un escrito ante el juzgado federal de Sebastián Casanello para que la firma Integración Energía Argentina S.A. sea tenida en cuenta como damnificada por la polémica decisión que adoptó el Gobierno de Cambiemos.

El expediente se inició en 2019, con una denuncia de los diputados del FpV Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana. Entre los imputados figuran además de Macri; el ex ministro de Energía Juan Aranguren; su fugaz sucesor en el cargo, Javier Iguacel, el ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, el ex presidente de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, Mario Dell`Acqua y la ex titular de IEASA, Claudia Mundo, entre otros ex funcionarios.

A fine octubre del 2017 la gestión de Macri ordenó la privatización de importantes activos del Estado nacional a través de Decreto N° 882, entre ellos, las centrales térmicas Ensenada de Barragán, del polo petroquímico Dock Sud, y Brigadier López, ubicada la localidad de Sauce Viejo a 20 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, con capacidad de generación eléctrica de 560 MW y 280 MW, respectivamente.

En agosto de 2018 el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó el valor patrimonial de la central Ensenada de Barragán en u$s305.906.000 y a Brigadier López en u$s207.110.000.

Entre mayo y junio de 2019 la administración de Macri adjudicó la central Barragán por u$s 229.529.500 y la Brigadier López en u$s165.432.500, muy por debajo de sus valores patrimoniales tasados.

Según los cálculos de IEASA, el Estado se perdió de recibir u$s76.376.500 por Barragán, que fu adjudicada a YPF-Pampa, y unos u$s41.677.500 por Brigadier López, que pasó a manos de Central Puerto, una empresa de Nicolás Caputo, “amigo del alma” y testigo del casamiento de Macri con Juliana Awada.

Los denunciantes y IEASE detectaron que el gobierno de Macri modificó los contratos de fideicomiso de las centrales porque los mismos prohibían la privatización. Pero también alertaron que se modificaron los pliegos para eliminar la tasación realizada por el Tribunal, como valor piso de las ofertas a presentar.

Asimismo, revelaron que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES financió las dos centrales, ya que IEASA utilizó los fondos de las ventas para comprar los títulos de deuda que tenía el FGS, porque no se podía realizar el cambio de titular de las centrales. “IEASA vendió a precio vil y además se quedó con los títulos que tenía el ANSES, los cuales se repagan a través de contratos con el mercado mayorista y tienen riesgo asociado”, remarcaron.

Pero además, los títulos de deuda que pasó a tener IEASA perdieron el aval del Tesoro Nacional porque ya no estaba el ANSES y se los reemplazó por una garantía privada de los compradores.

“Los compradores pagaron u$s118.054.000 menos que los u$s516.016.000 establecidos por el Tribunal de Tasación y lo hicieron con créditos en dólares tomados en el exterior”, denunciaron.

En ese marco, recalcaron que IEASA pasó en el mismo día de tener dos centrales termoeléctricas en pleno funcionamiento, generando energía y cobrando por la misma, a tener el producido en efectivo de la venta de dichas centrales por un monto “notoriamente inferior” a la tasación.

Y al mismo tiempo, la empresa estatal de energía debió utilizar de inmediato esos fondos para comprar títulos de deuda en poder del FGS, los cuales las propias dependencias estatales ya habían calificado de riesgosos y que, luego de la privatización, perdieron el aval del Tesoro Nacional reemplazándose por garantías privadas de los compradores.

“Esto fue posible por la ejecución de una cantidad inédita de irregularidades y actos administrativos deliberados con el objetivo de allanar el camino para enajenar las dos centrales a un precio vil y mecanismo dañino para IEASA, esmerilando en definitiva el patrimonio del Estado nacional, pero muy rentable para los compradores”, señalaron desde IEASA