Dictaminan menos ingresos para la Ciudad

El oficialismo dictaminó la ley que le quita fondos a la Ciudad por el traspaso de la policíaImpuso su mayoría y emitió un despacho que se podría aprobar la semana que viene. El ministro de hacienda porteño calculó una pérdida de 10 meses de salarios docentes.

El oficialismo dictaminó la ley que le quita fondos a la Ciudad por el traspaso de la policía

LPOHace 2 horas

El Frente de Todos del Senado emitió dictamen este jueves del proyecto de ley que regula el traspaso de la policía federal a la ciudad de Buenos Aires firmado en 2016, que le quita más de dos puntos de  coparticipación transferida ese año por Mauricio Macri y fija un presupuesto anual para financiarla, que este año será de 24.500 millones de pesos y el Gobierno porteño considera escaso.

Fue en el tercer y último plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto, coordinado por María de los Ángeles Sacnun y Carlos Caserio. Cambiemos pidió continuar el debate el martes con nuevos invitados como el ex ministro de Economía Hernán Lacunza (estaba para este jueves pero tuvo otros compromisos), el de la Ciudad José Luis Giusti y el legislador porteño Martín Ocampo, que tuvo a cargo la policía ni bien se transfirió. 

Pero el oficialismo decidió firmar dictamen para aprobarlo la semana próxima en el Senado y su sanción definitiva en Diputados depende de la voluntad de los aliados eventuales del Gobierno, como los cuatro diputados aliados al cordobés Juan Schiaretti. 

El proyecto reglamenta la trasferencia de la policía con una ley, como obliga la Constitución, que borra el aumento de la coparticipación dispuesto por Macri -que Alberto recortó con otro decreto hace un mes- y adjunta el acta con las atribuciones y personal traspasados para definir un presupuesto.  Lo calcula en 24.500 millones y fija un índice de actualización trimestral, con un índice del 80% en la variación salarial y el 20% del aumento de precios medidos por la Ciudad. 

El gran dilema son los costos de base, porque al no haber habido una ley en su momento que los determinen no están claros y cada uno hace sus cuentas. Además, al no ser coparticipación, el dinero no se entrega en forma automática sino con una partida anual. 

El Gobierno, a través de funcionarios del Ministerio del Interior y de Seguridad, calculó que la suba de coparticipación le permitió a Horacio Rodríguez Larreta sumar 86 mil  millones pesos por encima de lo que necesitó. 

«Cuando se vieron los gastos que se utilizaron para cubrir el traspaso, eso da 8047 millones de pesos, que le tenemos que descontar los 1200 que lo que generaba por su cuenta. Pero ese año pasó a recibir 27700 millones con ese aumento. O sea, solo ese año recibieron 10 mil millones. Le vamos a pagar el convenio de lo que transferia, no lo que quieran», sostuvo Caserio.

El ministro de Hacienda de la Ciudad, Martín Mura, uno de los invitados al último plenari, desmintió esos números. «El gasto es de tres o cuatro veces más, la pérdida representa 10 meses de salarios docentes. Y este año por la pandemia tenemos una caída proyectada de 80 mil millones de pesos, en un presupuesto de 430 mil», protestó. 

«El costo de año 2015 era de 13070 millones y la coparticipación era de 7803 millones. El incremental de 2.5% permitía alcanzar esa cifra. Es así de sencillo. Y el único sistema que garantiza el goteo diario es la coparticipación», justificó aquella decisión. Y explicó que la transferencia fue gradual e incluyó otra áreas que justifican un gasto aún mayor.  «Es bastante inentendible que en el convenio aparezca el monto de la transferencia y que no haya ningún número», le reprochó el senador rionegrino Alberto Weretinleck, habitual aliado del oficialismo. 

La reunión comenzó con la exposición del presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el ministro de Economía Ricardo Veliz, junto al vice y colega de Santa Cruz Ignacio Perincioli; y al director ejecutivo Juan Chirinio. 

Remarcaron que los fondos en cuestión no forman parte de la coparticipación federal a las provincias, sino de la «primaria», como se denominan a los recursos que le quedan a la Nación para su libre uso. De esta manera, entendieron, no sería necesario una ley convenio para remover los fondos, uno de los argumentos planteados por la Ciudad en su impugnación ante la Corte Suprema. 

«¿Usted aceptaría que le transfieran un servicio sin partidas automáticas?», le preguntó Lousteau a Veliz. Se negó a responder por considerar que no exponía como ministro sino como miembro del CFI. 

Alejandro Otero, director de asuntos institucionales de la AFIP y ex director de Rentas de la Ciudad, coinidió en que la Ciudad no tiene que recibir más coparticipación por la policía. «La Constitución establece que los servicios deben transferirse con recursos. ¡Pero no de la coparticipación!», señaló y destacó que la ley de reparto después de ser considerada provincia y durante la gestión de Aníbal Ibarra se consiguió el fijo de copa a 1.4%. 

Lo respaldó Adolfo Rodríguez Saá. «La coparticipación no tiene nada que ver con el traspaso de la policía. Yo formé parte de aquella ley de 1988 y sólo se podía cambiar con un convenio firmado por todas las provincias y ratificado en cada Legislatura. 

El abogado Ricardo Gil Lavedra fue una de las voces en contra de la ley.  «Que el convenio se firmó sin fondos no es cierto, porque el decreto de coparticipación son los fondos. Este es un nuevo convenio y si se aprueba no vamos a tener autonomía fiscal. Hay que pensar los precedentes que estamos dejando».